Perú: Concluye la votación presidencial y arranca el escrutinio oficialLa segunda vuelta presidencial en Perú ha finalizado con la instalación total de las mesas electorales y un flujo de votación constante, a pesar de algunos incidentes aislados. Las autoridades reportaron la detención de dos personas por presuntamente haber marcado papeletas de votación, sin que esto afectara el desarrollo general de los comicios.El proceso de escrutinio ya ha comenzado, y se espera que los primeros resultados oficiales se den a conocer en las próximas horas. La jornada transcurrió en calma, con ...[Leer más]

Paz convoca a desbloqueos con FFAA y Policía; oposición alerta sobre grupos paraestatalesEl presidente Rodrigo Paz ha generado una fuerte controversia al llamar a la población a movilizarse junto a las Fuerzas Armadas y la Policía para «desbloquear el país». Esta declaración, considerada por expertos como un hecho extremadamente grave para la democracia, se suma al proyecto de Ley de Estado de Excepción que impulsa su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Informe del GIEI sobre los hechos de 2019, ya advirtió que la constitución de grupos paraestatales en contextos de crisis es ilegal. Sin embargo, Paz insiste en una estrategia que, según críticos, revive el fantasma de las violaciones a derechos humanos ocurridas en 2019, cuando la conformación de estos grupos derivó en violencia política, persecución y pérdida de vidas humanas.El proyecto de ley, que amplía facultades excepcionales del Ejecutivo, permite arrestos de hasta doce horas sin control judicial, autoriza el secuestro de bienes privados y convoca a todo ciudadano a servicio activo bajo mando militar. Estas disposiciones, según analistas, son incompatibles con la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos. La CIDH ha sido clara: estas medidas no fortalecen la democracia, sino que legitiman formas de actuación paraestatal que ya demostraron ser destructivas. Bolivia, después de las dolorosas lecciones de 2019, no puede permitirse retroceder hacia esquemas que atentan contra la Constitución y los derechos fundamentales.

Presidente Paz convoca a desbloqueos con FFAA y Policía; oposición alerta sobre riesgo de grupos paraestatalesEl presidente Rodrigo Paz ha generado una fuerte controversia al llamar a la población a movilizarse junto a las Fuerzas Armadas y la Policía para "desbloquear el país". Esta declaración, considerada por expertos como un hecho extremadamente grave para la democracia, se suma al proyecto de Ley de Estado de Excepción que impulsa su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Informe del GIEI sobre los hechos de 2019, ya advirtió que la constitución de grupos paraestatales en contextos de crisis es ilegal. Sin embargo, Paz insiste en una estrategia que, según críticos, revive el fantasma de las violaciones a derechos humanos ocurridas en 2019, cuando la conformación de estos grupos derivó en violencia política, persecución y pérdida de vidas humanas.El proyecto de ley, que amplía facultades excepcionales del Ejecutivo, permite arrestos de hasta doce horas sin control judicial, autoriza el secuestro de bienes privados y convoca a todo ciudadano a servicio activo bajo mando militar. Estas disposiciones, según analistas, son incompatibles con la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos. La CIDH ha sido clara: estas medidas no fortalecen la democracia, sino que legitiman formas de actuación paraestatal que ya demostraron ser destructivas. Bolivia, después de las dolorosas lecciones de 2019, no puede permitirse retroceder hacia esquemas que atentan contra la Constitución y los derechos fundamentales.

CIDH alerta por crisis de derechos humanos en BoliviaLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de conflictividad social en Bolivia, en el marco de protestas que iniciaron en mayo de 2026. Según el organismo, los bloqueos de carreteras han dejado al menos siete fallecidos, veintitrés heridos y trescientas veintiuna personas arrestadas, generando graves afectaciones al acceso a servicios esenciales como salud, alimentos y combustibles. La CIDH instó al Estado y a los sectores sociales a priorizar el diálogo como vía para resolver las demandas y garantizar el ejercicio legítimo de la protesta social.El informe detalla que las manifestaciones, impulsadas por sindicatos, sectores mineros, educativos y pueblos indígenas, se desarrollan en un contexto de crisis económica y polarización política. La CIDH condenó las agresiones a periodistas y reiteró la necesidad de que el Estado garantice el debido proceso y evite la criminalización de la protesta. Asimismo, exhortó a implementar las recomendaciones de informes previos sobre cohesión social y derechos humanos en Bolivia, y ofreció su acompañamiento técnico para reducir la conflictividad.