Hace catorce años Bolivia estableció un nuevo gran pacto social entre bolivianos y bolivianas que reconoció a la totalidad de habitantes de este territorio respetando su diversidad. Se reconoció, entonces, y por primera vez, a las 36 naciones o pueblos indígenas originarios y sus idiomas, que hasta entonces habían sido relegados política, social y económicamente.
Esta Constitución, que fue producto de una Asamblea Constituyente originaria, recupera los saberes de las múltiples culturas para acabar con la postergación y desarrollar políticas públicas que respeten los derechos humanos. El Vivir Bien, en español; ‘Tamanah’, en aymara; ‘Sumaj Kausay’, en quechua; y ‘Ñande Reko’ (vida armoniosa) en guaraní, son los conceptos establecidos en la Constitución que marcan el contenido conceptual y filosófico del nuevo Estado boliviano.
En agosto de 2006 se inició el proceso constituyente impulsado por el gobierno del MAS-IPSP con el presidente Evo Morales. El 25 de enero de 2009, con el 62% de los votos, el pueblo boliviano aprobó la CPE, y el 7 de febrero de ese mismo año fue promulgada para su puesta en vigencia. Esto permitió una mejor redistribución de la riqueza, la industrialización de los hidrocarburos, minerales, litio, entre otros; la integración de la estructura caminera del país y, también, el ingreso a la era satelital.
Se consolidó el nuevo modelo económico, enfocado en la aplicación de políticas mediante bonos, protección social, acceso y producción soberana de alimentos, fondos para los pequeños productores, políticas de vivienda y servicios básicos, y el mayor acceso al financiamiento.
Se permitió el desarrollo de las autonomías territoriales y de las autonomías indígenas originario campesinas que descentralizan los recursos y el poder político a los territorios. Estableció la democracia intercultural que garantiza no solo la representativa, sino la democracia directa mediante el referé