Varios ministros del Gobierno han encontrado un atajo legal para evitar ser interpelados, desencadenando un debate público acerca de la transparencia y rendición de cuentas.
La controversia se desató cuando se reveló que siete ministros se sumaron como terceros interesados a una medida cautelar presentada por el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Montenegro alegó que se «vulneraron» sus derechos al convocarlo a una interpelación sin haberse seguido el debido proceso. La Sala Constitucional Primera de La Paz falló a favor del Ministro Montenegro, suspendiendo su interpelación.
Los siete ministros que se unieron al amparo como terceros interesados son:
La decisión de la Sala Constitucional también incluyó a los siete ministros que se sumaron al amparo como terceros interesados. Esto ha generado un debate en Bolivia sobre si esta medida representa una obstrucción a la facultad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa o si es un llamado necesario a establecer reglas más claras para las interpelaciones. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional revisará el caso y decidirá si se mantiene la suspensión provisional de las interpelaciones.
El debate sobre la transparencia y el control gubernamental seguramente continuará, ya que tanto la oposición como el oficialismo expresaron sus puntos de vista sobre el asunto y se ha planteado la posibilidad de legislar para regular las interpelaciones y los efectos de la censura en Bolivia. La incertidumbre política se cierne sobre el país mientras se espera la próxima movida en esta batalla entre los poderes ejecutivo y legislativo.