El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia se prepara para «blindar» el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2025, con el objetivo de evitar los problemas que afectaron las elecciones judiciales del año actual.

Según el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, es necesario un gran acuerdo nacional para garantizar elecciones limpias, justas y transparentes. Una de las medidas clave es la presentación de un proyecto de ley que pueda «blindar y respaldar el principio de preclusión», brindando seguridad jurídica a electores y candidatos[1][5).

El TSE comenzará en enero de 2025 a dedicar todos sus esfuerzos a la organización de las elecciones generales programadas para el 10 de agosto. Esto incluye la aprobación de la Ley de Distribución de Escaños Parlamentarios y la redistribución de escaños basada en los datos del Censo Nacional 2024[2][3).

Además, se planea realizar una auditoría al padrón electoral y convocar a una cumbre entre todos los poderes del Estado y actores políticos para asegurar el proceso electoral[3).