Ministros de Paz van al Senado a defender Ley de Estados de excepción
junio 5, 2026
El presidente Rodrigo Paz ha generado una fuerte controversia al llamar a la población a movilizarse junto a las Fuerzas Armadas y la Policía para «desbloquear el país». Esta declaración, considerada por expertos como un hecho extremadamente grave para la democracia, se suma al proyecto de Ley de Estado de Excepción que impulsa su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Informe del GIEI sobre los hechos de 2019, ya advirtió que la constitución de grupos paraestatales en contextos de crisis es ilegal. Sin embargo, Paz insiste en una estrategia que, según críticos, revive el fantasma de las violaciones a derechos humanos ocurridas en 2019, cuando la conformación de estos grupos derivó en violencia política, persecución y pérdida de vidas humanas.
El proyecto de ley, que amplía facultades excepcionales del Ejecutivo, permite arrestos de hasta doce horas sin control judicial, autoriza el secuestro de bienes privados y convoca a todo ciudadano a servicio activo bajo mando militar. Estas disposiciones, según analistas, son incompatibles con la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos. La CIDH ha sido clara: estas medidas no fortalecen la democracia, sino que legitiman formas de actuación paraestatal que ya demostraron ser destructivas. Bolivia, después de las dolorosas lecciones de 2019, no puede permitirse retroceder hacia esquemas que atentan contra la Constitución y los derechos fundamentales.
