La Fiscalía dispuso este lunes 16 de noviembre de 2026 la aprehensión del general de la Fuerza Aérea Germán Rodrigo Mendizábal por su presunta responsabilidad en el caso Radares, relacionado con la adquisición de un sistema de radarización que no funciona en su integridad. Tras prestar su declaración informativa como sindicado, el militar fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, donde aguarda que se formalice la imputación en su contra.
Mendizábal fue posesionado en septiembre de este año, el 17 de septiembre, como Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep), en un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz. Según publicó Sol de Pando y citado por Erbol, fue involucrado porque estuvo encargado de elaborar las especificaciones técnicas de la contratación y se sospecha que las direccionó para forzar la adjudicación a la empresa francesa Thales. El informe menciona posibles responsabilidades por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.
El caso se remonta a 2016, cuando el Estado adjudicó a Thales Air Systems un contrato superior a los 191 millones de euros para la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control y sistemas de comunicación. El plazo inicial de 31 meses se amplió a 82 meses con siete modificaciones contractuales. Una auditoría estableció que dos radares funcionaban sin observaciones, nueve presentaban reparos técnicos y otros dos estaban fuera de servicio. El Gobierno denunció un daño económico superior a los 1.400 millones de bolivianos.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó el 16 de octubre una querella penal contra 19 personas, entre ellas los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo. Por este mismo proceso, Novillo fue aprehendido el 29 de octubre tras declarar ante la Fiscalía y un día después recibió detención domiciliaria. Con la aprehensión de Mendizábal, corresponde que la Fiscalía presente la imputación formal y lo ponga ante un juez cautelar que defina su situación jurídica.