La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata pedirá a la Fiscalía ampliar la investigación por las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, en contra de los jerarcas de la Iglesia Católica de 2019 en su condición de “autores mediatos”, porque fueron parte de reuniones “donde se ha decidido la vida o muerte de ciudadanos”.

“Se le pedirá (a la Fiscalía) que investigue a la jerarquía de la Iglesia Católica en calidad de autor mediato, no como autor intelectual, material, cómplice o encubridor, sino como autor mediato, porque ha sido copartícipe en reuniones donde se ha decidido la vida o la muerte de ciudadanos, de hermanos en Cristo”, informó el activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca.

De acuerdo con Inca, la jerarquía de la Iglesia Católica de 2019 no solo propició las negociaciones “extra legislativas” para que Jeanine Áñez asuma la presidencia de Bolivia, sino que fue en contra de la Gaudium et Spes o Constitución Pastoral, en la que se recoge las palabras del apóstol Pablo quien dijo: “El peor pecado es aquel acto en el cual se utiliza la ley para hacer un acto de injusticia”.

“Se ha utilizado la ley para justificar, para ir en contra de los 10 mandamientos: no matarás. Sale un Decreto (Supremo 4078) que dice «puedes matar»; entonces, por lo tanto, va en contra de la doctrina social de la iglesia, va en contra del Gaudium et Spes”, insistió Inca en Wara TV.

El 14 de noviembre de 2019, el régimen de Áñez puso en vigencia el decreto 4078, conocido como el “decreto de la muerte”, que eximía a militares y policías de responsabilidad penal por las acciones en operativos como los ejecutados en Senkata y Sacaba.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019, dio a conocer que el decreto 4078 fue motivo de preocupación en organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

El GIEI indicó en su informe que el 28 de noviembre de 2019 se derogó el decreto. Para ese entonces, las masacres de Senkata y Sacaba, considerados por el equipo internacional como “los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre FFAA y Policía”, ya habían acontecido, 15 y 19 de noviembre, con más de una veintena de muertos por impacto de bala, cientos de heridos y detenidos.

Inca cuestionó que para entonces los jerarcas de la Iglesia Católica, que dicen propiciaron la pacificación del país entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, guardaron silencio sobre las masacres, de los miles de apresados y torturados, no emitieron “ningún pronunciamiento condenando esos hechos”.

Incluso, de acuerdo con el activista, luego de esos luctuosos hechos, monseñor Eugenio Scarpellini, uno de los representantes de la Iglesia Católica que estuvo en las conversiones extra legislativas de noviembre de 2019, le dijo, a inicios de diciembre de 2019, que los familiares de los fallecidos recibirían un resarcimiento y los heridos atención médica en cumplimiento de una “ley” que el Gobierno de Áñez estaba preparando.

“El padre Scarpellini me dijo: va a haber una ley donde todas las personas van a tener resarcimiento. Yo me he quedado sorprendido por lo que me dijo, pero luego pasan días y sale el 5 de diciembre de 2019 el Decreto 4100”, recordó Inca.

Además de un pago de Bs 50.000 bolivianos por persona fallecida, la norma establecía que “los familiares de las personas fallecidas y heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización y resarcimiento”, que fue rechazado por las víctimas.

En opinión de Inca, la revelación de Scarpellini días previos a la aprobación del Decreto Supremo es evidencia de que ellos sabían de las medidas que se estaban asumiendo desde el régimen de facto, porque eran parte de la nueva “estructura del gobierno de la señora Añez”.

Al activista señaló que los representantes de la Iglesia Católica no “pueden ahora decir que no irán a declarar”, porque ya han dado una primera posición a la CIDH en diciembre de 2019.

“Los jerarcas de la Comisión Episcopal tienen que responder ante la justicia humana y después tendrán que rendir cuentas ante la justicia divina, ante Dios todo poderoso, ahí no me meto, pero tienen que rendir cuentas ante la justica humana”, enfatizó.

ABI