Acciones ilegales de Camacho lo hunden más en el escándalo

El ex candidato presidencial y gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, permanecerá seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Camacho, conocido por su participación en el golpe de Estado en Bolivia en 2019 y por sobornar a policías y militares, fue acusado de varios delitos relacionados con el paro de 36 días que detuvo la ciudad de Santa Cruz en su último intento político de revivir.

Los delitos que se le imputan a Camacho incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, terrorismo, discriminación, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo, desórdenes o perturbaciones públicas y asociación delictuosa. La medida exigía que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, aunque la dirigencia terminó aceptando la encuesta nacional para el 23 de marzo de 2024.

El paro de los 36 días, que ocurrió entre noviembre y diciembre del año pasado, fue impulsado por el Comité Interinstitucional, el Comité pro Santa Cruz y el respaldo político de Luis Fernando Camacho. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del grupo, la medida no fue respaldada por la ciudadanía de Santa Cruz y las clases dominantes, lo que finalmente llevó al entierro político de Camacho.

La determinación a Luis Fernando Camacho ha sido recibida con una mezcla de sentimientos por parte de la población boliviana. Muchos ven esta sentencia como una victoria para la justicia y un paso hacia la eliminación de la corrupción y la impunidad en Bolivia. Sea cual sea la verdad detrás de la condena de Camacho, es importante recordar que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe prevalecer para todos por igual.