
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 89 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, marcando un recrudecimiento del conflicto que ya se extiende por 31 días. Las protestas, que inicialmente demandaban abastecimiento de combustibles y observaciones a la Ley 1720, ahora incluyen exigencias políticas como la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Santa Cruz son las regiones más afectadas, con rutas troncales completamente interrumpidas.
La crisis ha generado un efecto dominó: las ciudades de La Paz y El Alto están paralizadas por la huelga del transporte y la escasez de carburantes, mientras los comerciantes gremiales alertan sobre un desabastecimiento total de mercancías. Los esfuerzos de mediación de la Iglesia, la Vicepresidencia y la Defensoría del Pueblo están estancados, y el gobierno defiende la Ley 1720 como último recurso democrático, aunque la Defensoría critica el lenguaje de confrontación de los voceros oficiales.