En una única línea discursiva, el Gobierno de Luis Arce y, a su vez, Arturo Murillo, ex ministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, se han manifestado en contra de la candidatura de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2025.
El anuncio de la nueva candidatura presidencial de Evo Morales ha desencadenado una serie de reacciones tanto del oficialismo como de la oposición en Bolivia. Las autoridades oficialistas califican esta decisión como prematura y desesperada por parte del líder cocalero, argumentando que no regresará a la Casa Grande del Pueblo.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, fue claro en su opinión durante una entrevista televisiva al afirmar que el anuncio de Morales es prematuro y demuestra que el expresidente ve el progreso en el país como una amenaza. Montenegro sostiene que Bolivia está avanzando positivamente en términos económicos y que la candidatura de Morales busca detener este avance.
Por otro lado, Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno durante la dictadura de Jeanine Áñez y actualmente cumplimento su sentencia de lavado de dinero en Estados Unidos, también se pronunció en contra de la candidatura de Morales. Murillo cuestionó si los mismos que presionaron a Morales para bloquear el suministro de oxígeno a los hospitales y cercar las ciudades en 2020 ahora están forzándolo a postularse nuevamente.
Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, expresó su confianza en que Morales no será elegido en las próximas elecciones y considera que su partido político ha quedado en la historia.
Estas declaraciones reflejan un alineamiento entre el Gobierno de Bolivia, sectores de la extrema derecha y el pasado Gobierno de facto en su oposición a la candidatura de Evo Morales. A pesar de las críticas y ataques, la decisión de Morales de postularse nuevamente se basa en un proceso democrático, y los señalamientos en su contra plantean interrogantes sobre la salud de la democracia en el país.