En una reunión nacional de emergencia celebrada en Sucre, jueces, vocales y autoridades de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y constitucional determinaron unificar fuerzas y lanzar un ultimátum al Ejecutivo y Legislativo. Exigen la asignación del 5% del presupuesto estatal y una reunión en la capital del país. De no ser atendidos en un plazo de 20 días, la justicia boliviana irá a un paro nacional escalonado que podría volverse indefinido.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, advirtió que la institución mantendrá el respeto democrático, pero bajo condiciones claras: la reunión debe ser en Sucre. Criticó la discriminación presupuestaria y señaló que mientras los sectores que bloquean son atendidos, los que respetan la institucionalidad son ignorados. La medida abre un nuevo frente de tensión entre el Órgano Judicial y el Ejecutivo.