El domingo 5 de mayo de 2024 culminó el controvertido congreso de funcionarios públicos del gobierno de Luis Arce Catacora en El Alto, llevado a cabo durante los días 3, 4 y 5 del mismo mes.
Bajo la consigna de desconocer a Evo Morales y expulsarlo, el congreso organizado por el Gobierno de Arce no cuenta con el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A pesar de que, según órdenes de una sala constitucional, se permitió la presencia de técnicos del TSE, el vocal Tahuichi Tahuichi fue enfático al declarar a los medios de comunicación que «quiero ser claro y enfático, de ninguna manera avala de por sí la presencia de nuestros técnicos».
Durante el congreso, se eligió a Grover García como presidente, quien enfrentó acusaciones el 16 de septiembre de 2010 por ofrecer la compra de 30,000 toneladas de cemento con sobreprecio a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). García, actual funcionario público del gobierno de Arce desde el 27 de febrero de 2024 en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ahora encabeza este controvertido evento.
Hasta en contra del estatuto García posesionado en el congreso del Gobierno, es militante desde el año 2018 en total contradicción del estatuto, que expresa que la antigüedad tienen que ser de 10 años.
El poder concentrado en manos de Luis Arce lo ha llevado a manipular la justicia a través de estas «salas constitucionales», llevando a cabo acciones que van en contra de las leyes y la constitución. Entre estas acciones, destacan:
Estas acciones evidencian que el Gobierno de Luis Arce Catacora ha vulnerado y continúa vulnerando el Estado de Derecho en Bolivia, donde un suprapoder mantiene bajo control los órganos de justicia, legislativo y ahora electoral.