En una conferencia de prensa de emergencia realizada en el punto de protesta de Epizana, provincia Carrasco, Bolivia, líderes campesinos y representantes sociales denunciaron tácticas represivas empleadas por el gobierno de Luis Arce, entre ellas, la presunta contratación de paramilitares y la utilización de infiltrados e inteligencia con el objetivo de desarticular sus protestas. Esta medida, según los dirigentes, pretende desacreditar sus demandas y “satanizar” a los manifestantes, calificando esta situación como una amenaza directa contra sus derechos y la seguridad de sus comunidades.
La situación en la provincia Carrasco es crítica, con manifestantes decididos a mantener sus posiciones frente a lo que denuncian como tácticas represivas del gobierno. Esta denuncia de tácticas paramilitares y de “satanización” de las protestas plantea una llamada urgente a la comunidad internacional para observar y proteger los derechos de las comunidades campesinas en Bolivia.
Acusaciones y Denuncias de Represión
Los manifestantes afirman que el gobierno estaría planificando una “masacre” contra aquellos que mantienen los bloqueos en Epizana, quienes se han movilizado exigiendo derechos básicos como la estabilidad económica y el acceso a combustibles esenciales. También expresaron su preocupación por la grave situación de muchos campesinos que apenas logran producir lo necesario para sobrevivir.
A través de sus declaraciones, los dirigentes recordaron la historia de resistencia en la región, destacando que, al igual que en 1971, no se rendirán hasta lograr sus objetivos. Insistieron en que sus demandas son legítimas y que no cederán ante las amenazas de intervención.
Llamado Urgente a la Comunidad Internacional
Los representantes campesinos hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que presten atención a lo que describen como una “represión organizada”. Aseguran que, de producirse cualquier pérdida de vidas en el contexto de las protestas, la responsabilidad recaerá en el gobierno de Luis Arce y en su administración.
Estrategias del Gobierno y “Satanización” de la Protesta
Los manifestantes acusaron al gobierno de recurrir a tácticas como el envío de paramilitares y la infiltración de agentes de inteligencia para socavar sus protestas. Esta “satanización” de los manifestantes, dicen, busca desvirtuar la legitimidad de sus demandas y restar apoyo popular a sus esfuerzos. Según los dirigentes, estas estrategias reflejan un intento de desacreditar y reprimir el movimiento social que representa a la clase campesina y trabajadora de Bolivia.
Llamado a la Resistencia
En un mensaje de resistencia y unión, los líderes campesinos convocaron a sus compañeros a resistir sin claudicar. Reafirmaron su compromiso de mantener los bloqueos en defensa de sus derechos, enfatizando que cualquier intento de intervención será enfrentado. Según ellos, la responsabilidad de cualquier acto violento recae sobre el gobierno, que, en su opinión, está fallando en su deber de proteger y apoyar a sus ciudadanos.
Conclusión
La situación en la provincia Carrasco es crítica, con manifestantes decididos a mantener sus posiciones frente a lo que denuncian como tácticas represivas del gobierno. Esta denuncia de tácticas paramilitares y de “satanización” de las protestas plantea una llamada urgente a la comunidad internacional para observar y proteger los derechos de las comunidades campesinas en Bolivia.