
El gobierno ha impuesto una devaluación de facto al obligar pagos de compras por internet y digitales en el exterior con el tipo de cambio referencial, que supera los Bs9 por dólar, frente al oficial de Bs6,96. Evo Morales lo denunció sin rodeos: en la práctica ya existe, solo falta oficializarla.
El ministro Gabriel Espinoza responde con ataques personales, acusando a Evo de la crisis heredada y hasta llamándolo prófugo. Esta versión oficial busca desviar la atención de la realidad cotidiana: precios disparados, pérdida de poder adquisitivo y familias golpeadas por la inflación.
Desde una perspectiva de izquierda, cuestionamos esta maniobra ejecutiva que evade el costo político. ¿Por qué no transparentan las cuentas y priorizan a los movimientos sociales? La población demanda soluciones reales, no culpas al pasado que benefició al pueblo con soberanía económica.
La polémica revela la fragilidad del modelo actual: mientras Espinoza justifica, el dólar paralelo castiga al consumidor. Urge un debate honesto que ponga al pueblo primero.