El exviceministro del gobierno de Arce, Carmelo Valda, se encuentra bajo el escrutinio público tras un informe revelador del Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras (Siriefi). Según el informe, se han detectado movimientos bancarios por un monto de 652.290 bolivianos en las cuentas de Valda que carecen de sin justificación alguna. Este crecimiento económico desproporcionado en relación a los ingresos declarados ante la Contraloría General del Estado ha levantado serias interrogantes sobre la transparencia de sus actividades financieras.
Sin embargo, este caso que ha sacudido al gobierno de Arce en los últimos días. El pasado 7 de mayo, una testigo y sindicada llamada Claudia Cortez denunció que había recolectado cerca de 19 millones de bolivianos en coimas para el entonces ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz. Esta denuncia ha generado aún más presión sobre el gobierno y ha llevado al Viceministerio de Transparencia a solicitar la ampliación de la investigación, incluyendo a Carmelo Valda y al coordinador Ricardo Bernal.
La situación se complicó aún más para Valda cuando fue aprehendido la noche del viernes, después de presentarse voluntariamente a declarar. Posteriormente, el sábado se dictó su detención preventiva por un período de cinco meses en el penal de San Pedro. Las pruebas en su contra parecen ser sólidas, ya que se han revelado conversaciones de WhatsApp que involucran directamente a Valda en este escandaloso caso de coimas.
Abel Loma, abogado de la testigo que destapó este caso, ha manifestado en entrevista con Unitel que las pruebas obtenidas, incluyendo las conversaciones de WhatsApp, respaldan las imputaciones presentadas contra el señor Valda. Estas revelaciones han generado una mayor expectación en torno al caso y han dejado en entredicho la integridad del exviceministro y la gestión del gobierno en su conjunto.
A medida que avance la investigación y se revelen más detalles, queda por ver cómo responderá el gobierno de Arce a estos escándalos y qué consecuencias enfrentarán aquellos involucrados en presuntas actividades ilícitas. La sociedad boliviana espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político.