La fiscalía peruana anunció el archivamiento de una denuncia contra el expresidente boliviano Evo Morales por presuntos delitos contra el Estado y la defensa nacional. Esta denuncia fue presentada a principios de año durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte. La fiscalía tomó esta decisión debido a la falta de pruebas sustanciales que respaldaran las acusaciones en su contra.
La denuncia en cuestión fue presentada por el legislador peruano de extrema derecha Jorge Montoya, quien acusó a Morales de tener un «afán separatista» y de instigar una rebelión en la región de Puno, una zona peruana cercana a la frontera con Bolivia. Estas acusaciones surgieron en el contexto de las protestas que sacudieron a Puno, donde 18 civiles perdieron la vida a tiros el 9 de enero, durante manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Cabe recordar que el gobierno de Boluarte, a través de la agencia de migraciones, prohibió el ingreso de Morales a Perú a principios de enero. En ese momento, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, declaró que Morales «no volverá a entrar más» a menos que se levante esa restricción.
Evo Morales, quien mantenía una estrecha relación con el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), se convirtió en un crítico de la actual presidenta peruana, a la que ha calificado de «usurpadora de la presidencia». Morales argumentó que Dina Boluarte, quien antes defendía el proceso de integración regional, ahora lo atacaba para desviar la atención de las graves violaciones a los derechos humanos que, según él, se cometieron durante las protestas en Perú.
De acuerdo con un informe reciente de las Naciones Unidas, durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte se registraron 50 civiles muertos, la mayoría a causa de armas de fuego. Alarmantemente, casi la mitad de las víctimas no estaban participando en las protestas.
Pedro Castillo, el expresidente peruano, se encuentra actualmente detenido y bajo investigación por presuntos delitos de corrupción y rebelión, marcando otro capítulo de agitación en la reciente historia política de Perú.