El reciente documento del FMI revela un paquete de medidas de ajuste estructural que tendrá consecuencias devastadoras para la economía popular. Entre las políticas comprometidas se encuentran la eliminación de la subvención a los combustibles para 2027, lo que desencadenará un gasolinazo y el encarecimiento del transporte y los alimentos. Asimismo, se anuncia una transición hacia un tipo de cambio flexible, lo que implica una devaluación del boliviano y una inflación proyectada del 14% al cierre del año, reduciendo drásticamente el poder adquisitivo de los salarios.

El acuerdo también exige la contención de la masa salarial, limitando la contratación y manteniendo los salarios por debajo del crecimiento del PIB, lo que resultará en menos empleos públicos y despidos encubiertos. Además, se eliminarán los controles de precios y los topes a las exportaciones, permitiendo que los alimentos y la energía se cotizen a precios internacionales, afectando a los más pobres. La eliminación de los topes a las tasas de interés encarecerá los préstamos, asfixiando a pequeños emprendedores y familias endeudadas. A esto se suman nuevos impuestos y la privatización de recursos naturales, siguiendo el mismo recetario que en Ecuador, Argentina y Grecia, donde estas medidas solo han beneficiado a las élites y transnacionales, mientras la clase media y baja han sufrido las consecuencias.