El exministro Arturo Murillo fue condenado por difamación al acusar falsamente a Lourdes Pacheco en el secuestro de la bebé Samantha en 2020. Tras 6 años, la justicia ordena resarcir $1 millón, pero el GOBIERNO se lava las manos.

Como Murillo actuaba como autoridad, el Estado debe pagar, según el abogado Frank Campero.

Murillo, extraditado de EE.UU. por lavado, enfrenta más procesos. El gobierno demoró el caso para encubrir fallos. ¿Cuándo pagarán por dañar inocentes? ¡Exigimos transparencia!

La víctima sufrió humillación pública. Este fallo expone la hipocresía gubernamental.