La Fiscalía detectó un “excedente” de Bs 209.150 y bienes que no se justifican con su salario de funcionario público. La planta, inaugurada con más de 160 millones de bolivianos, funciona solo al 33% de su capacidad y está bajo investigación por corrupción, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.
El caso destapa cómo el GOBIERNO sigue permitiendo el manejo oscuro de recursos estatales mientras la justicia recién empieza a actuar tras años de impunidad.