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Lawfare: Gobierno de Arce anuncia enjuiciar a Evo Morales

agosto 16, 2023

¿Arce miente sobre el supuesto Golpe de Estado?

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Carmen Careaga | n25bo

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En un inquietante giro esperado de los acontecimientos, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha anunciado enjuiciar al expresidente Evo Morales por difamación y calumnia. Esta medida legal ha desatado un debate acalorado sobre el uso del poder judicial como herramienta política y sus implicaciones para la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El enfoque del representante de la justicia del gobierno de Luis Arce en la advertencia de que Morales debería «buscar un buen abogado» ha intensificado las preocupaciones sobre la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Esta amenaza, emitida desde una posición de autoridad y como portavoz de la justicia, ha suscitado comparaciones con episodios previos de presión legal y persecución en el país.

Un ejemplo vívido es el sombrío recordatorio del gobierno de facto bajo Jeanine Añez, cuando el entonces ministro de Gobierno amenazó con cazar a opositores políticos. Las consecuencias de estas amenazas se tradujeron en más de 1500 personas judicializadas, lo que subraya el poder potencialmente devastador del aparato judicial en manos de aquellos con agendas políticas específicas.


Momento en el que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante la rueda de prensa de detención de María Palacios, muestra unas esposas dirigidas a Evo Morales en La Paz, Bolivia, el 8 de enero de 2020.

Es alarmante que el ministro de Justicia esté utilizando su posición para llevar a cabo amenazas y presionar al sistema judicial, utilizando prácticas que se han observado. La comparación con la utilización del poder judicial en Brasil para encarcelar al expresidente Lula Da Silva es inevitable y subraya las preocupaciones sobre la independencia de la justicia en Bolivia.

En el centro de este debate se encuentra la cuestión de la «inhabilitación a través de juicios«, conocida como «Lawfare«. Este término hace referencia a la manipulación abusiva o ilegal del sistema judicial con el objetivo de inhabilitar a un oponente político a través de la apariencia de legalidad. En este caso, la intención de enjuiciar a Morales se ve como un intento de neutralizar su presencia en la arena política.

El ministro Lima ha dejado en claro que considera que las afirmaciones de Morales han excedido los límites aceptables, acusándolo de mentiras, excesos y calumnias. Esto establece un escenario legal tenso y podría tener consecuencias significativas para el líder social y su posición en la esfera pública.

En última instancia, este episodio refleja una lucha más amplia por el poder político y la narrativa en Bolivia. La amenaza de enjuiciar a Morales resalta la tensión entre la administración actual y el legado del expresidente, un líder indígena que dejó una huella profunda en la historia del país.

La cuestión que persiste es una manifestación más preocupante de la politización de las instituciones judiciales. A medida que esta historia continúa desarrollándose, el futuro político de Bolivia podría depender en gran medida de cómo se aborden estas cuestiones clave en torno al uso y abuso del poder judicial.

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