MODIFICA LA CONSTITUCIÓN por la puerta trasera sin referéndum, sin Asamblea Constituyente

Miércoles 14 de mayo: En una jornada que pasará a la historia política de Bolivia, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido un fallo que, sin rodeos, modifica el sentido y el espíritu de la Constitución Política del Estado (CPE). Sin referéndum, sin Asamblea Constituyente, sin consulta al pueblo, y con jueces cuyo mandato está vencido, el Tribunal ha decidido interpretar —y en los hechos, reescribir— una de las cláusulas más sensibles de la Carta Magna: la referida a los límites de la reelección presidencial.

Hasta ahora, el artículo 168 de la Constitución boliviana era claro: el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos una sola vez de manera continua. El texto no menciona reelecciones discontinuas, ni lo insinúa. Sin embargo, el reciente fallo del TCP introduce de facto un nuevo término: “y de manera discontinua”, alterando el significado constitucional sin modificar el texto por los canales legítimos.

La gravedad de este acto radica en el mecanismo empleado. La Constitución no puede ser reformada ni ampliada mediante una simple resolución judicial. Los mecanismos establecidos por la misma Carta Magna son claros: cualquier reforma debe pasar por una Asamblea Constituyente o, al menos, por un referéndum popular. Nada de eso ha ocurrido. En lugar de ello, un grupo de magistrados que ya deberían haber dejado sus cargos —pues su mandato concluyó hace más de dos años— ha decidido tomar esta atribución que no les corresponde.

Este fallo, que no menciona directamente a ningún expresidente —ni a Evo Morales, ni a Carlos Mesa, ni a ningún otro actor político específico—, parece estar diseñado para abrir la puerta a futuras candidaturas presidenciales por fuera del marco original de la Constitución. Es una jugada política disfrazada de interpretación jurídica. Un intento de manipular la norma suprema del país para responder a intereses particulares.

La presión política detrás del fallo también ha sido evidente. El Ministro de Justicia, se presentó el día 13 de mayo en el Tribunal Constitucional para exigir que se instale la sesión, un día antes del fallo. Esta acción, impulsada desde el Ejecutivo liderado por Luis Arce Catacora, muestra cómo el poder político ha cruzado las puertas del poder judicial, vulnerando la independencia de poderes y acelerando una decisión que debería haber sido ampliamente debatida, consultada y, sobre todo, legitimada por el pueblo.

En democracia, los jueces no escriben Constituciones. Las interpretan. Pero cuando esa interpretación se convierte en modificación, y más aún, cuando se hace por parte de jueces que ya no tienen legalidad en sus funciones, estamos ante un escenario sumamente peligroso: un golpe jurídico silencioso, donde se erosiona la institucionalidad desde adentro, sin tanques ni bayonetas, pero con resoluciones y sellos oficiales.

El país asiste a una nueva fase de degradación democrática. Los mecanismos de control han sido capturados, las instituciones debilitadas y la voluntad popular nuevamente ignorada. Hoy, Bolivia no solo enfrenta una crisis jurídica, sino una crisis moral en el ejercicio del poder.

La historia juzgará este momento. Y lo hará con la dureza que merece quien juega con las reglas del juego democrático para perpetuarse o beneficiar a facciones. La Constitución es del pueblo, no de los jueces. Mucho menos de aquellos que ya no deberían estar sentados en el tribunal más alto del país.