Hace unos días atrás, el expresidente Evo Morales y Alberto Echazú ofrecieron una conferencia de prensa en la que el exfuncionario demostró el trabajo realizado durante los 14 años de gobierno de Morales, destacando el proceso de industrialización del litio iniciado el 2008 como un logro sobresaliente. Echazú resaltó que las políticas y el plan maestro implementados durante ese período han llevado a resultados favorables para el estado hasta la fecha, ahora el gobierno de Luis Arce que ahora abandera la consigna de ser el «Gobierno de la Industrialización». Sin embargo, apenas dos días después de la conferencia, la fiscalía notifica a Echazú.
El funcionario del gobierno, Carlos Humberto Ramos, presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ha solicitado a la Fiscalía la ampliación de la querella penal contra el exministro de Minería Luis Alberto Echazú por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Resulta sospechoso que esta acción ocurra en un momento en el que el Gobierno de Luis Arce lleva adelante una campaña enfocada en la «Industrialización». Además, se espera que en los próximos días se inaugure lo planificado por Morales y Echazú años atrás.
El decreto fiscal emitido el 4 de mayo en Uyuni revela la solicitud de Carlos Ramos para ampliar la querella contra el exministro Echazú.
Este acontecimiento plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de esta acción legal y levanta sospechas de una persecución política dirigida hacia Echazú y otros funcionarios del anterior gobierno. La ampliación de la querella penal puede ser vista como un intento de desacreditar los logros alcanzados durante la gestión de Morales y deslegitimar su política de industrialización del litio.
El gobierno de Evo Morales inició el proceso de industrialización del litio en 2008 bajo la dirección de Alberto Echazú, utilizando tecnología soberana. Durante ese período, se establecieron cuatro plantas piloto y se logró inaugurar una planta industrial de litio en 2018. Además, se avanzó en la producción de carbonato de litio, alcanzando un progreso del 39%. Sin embargo, este avance se vio interrumpido en 2020 debido al gobierno de facto de Añez. Actualmente, el gobierno de Arce se encuentra próximo a retomar este proyecto y se espera que en las próximas semanas cortar la cinta de la planta de carbonato de litio planificada por Morales y Echazú.
El caso de Alberto Echazú se suma a una serie de situaciones que han generado controversia en torno a la administración de justicia en Bolivia. Es necesario que se garantice un proceso justo, imparcial y transparente, en el que prevalezca el respeto por los derechos humanos y se evite cualquier tipo de persecución política. La sociedad boliviana estará atenta al desarrollo de este caso y espera que se haga justicia sin sesgos ni intereses partidistas.