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Represión paramilitar bajo el gobierno de Luis Arce cobra la vida de un marchista

octubre 1, 2024
Juan Pedregal | n25bo

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Paramilitares, denunciados por el Defensor del Pueblo vinculados al gobierno de Luis Arce, atacaron a marchistas que se dirigían a sus lugares de origen tras culminar la «Marcha para Salvar la Patria». A la altura del puente de la Av. Montes, en La Paz, los marchistas fueron brutalmente agredidos con explosivos y gases lacrimógenos.

Fuente: Defensoría del pueblo

Uno de los casos más trágicos fue el de Nicolás Willy Leoncio Avendaño Mendoza, quien descansaba junto a sus compañeros después de siete días de caminata. Según su testimonio, mientras dormía, explosivos detonaron cerca de él, seguido de una intensa gasificación que comprometió su sistema respiratorio. «estaba durmiendo en la playita (jardinera de la Av. Montes a pasos de la terminal de buses) y ahi casi a mi lado explotó un algo después apenas me paré y gas nomas nos remadrugaron», narró Nicolás en su último testimonio.

El impacto del ataque, sumado a las enfermedades preexistentes de Nicolás, le provocó la muerte. Su certificado de defunción confirma que su sistema respiratorio fue gravemente afectado por la gasificación brutal a la que fue sometido. Este lamentable hecho ha sido denunciado por la población, el defensor del pueblo quien ha puesto en evidencia las acciones violentas de estos grupos paramilitares que operan bajo el amparo del actual gobierno.

Grupos paramilitares: 24 de septiembre de 2024 – Plaza Murillo, La Paz, Bolivia
Fuente: Policía Nacional

Este trágico incidente deja en claro la gravedad de la represión ejercida contra el pueblo que participan en manifestaciones pacíficas. Los marchistas, agotados tras días de movilización, no solo fueron víctimas de una brutal agresión física, sino también del silencio y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades.

La comunidad exige justicia y transparencia en este caso, y reclama que los responsables de la muerte de Nicolás Willy Avendaño sean llevados ante la justicia. Los actos de represión y violencia no pueden seguir siendo utilizados como herramientas para sofocar el derecho a la protesta en Bolivia.

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