¡Se cierra la Asamblea! El gobierno y la asfixia de las atribuciones legislativas

Se están tomando medidas que amenazan con acabar las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia. El órgano ejecutivo está dando un golpe al estado de derecho y a las prerrogativas fundamentales de los legisladores para fiscalizar y ejercer el control sobre el ejecutivo.

La última afrenta a la independencia del poder legislativo se materializó cuando el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, emitió una carta anunciando la suspensión de las interpelaciones a sus ministros hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie al respecto. Este movimiento es altamente problemático, ya que obstruye uno de los deberes fundamentales de la Asamblea: cuestionar y controlar al poder ejecutivo.

La semana pasada, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz respondió a una acción de amparo constitucional presentada por un legislador de la oposición, a la que se adhirieron la mitad del gabinete de Luis Arce, actual presidente de Bolivia. Este hecho solo debería haber sido considerado como una legítima controversia política; sin embargo, el ministro y otros colegas suyos solicitaron la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar en su calidad de terceros interesados en el proceso judicial.

Esta acción fue admitida por un vocal del tribunal, Israel Campero, quien remitió el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esto levanta una bandera roja inmediata, ya que demuestra una intromisión del Órgano Judicial en las atribuciones del Órgano Legislativo. El Congreso tiene el derecho y el deber constitucional de interpelar a los ministros y ejercer su función de fiscalización sin interferencia externa.

Es crucial recordar que en una democracia funcional, la separación de poderes es esencial. La independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial garantiza que cada uno pueda ejercer su rol sin interferencias indebidas. Sin embargo, la reciente acción del Órgano Judicial plantea serias dudas sobre esta independencia y amenaza con socavar los pilares de la democracia boliviana.

Lo que está en juego no es solo el futuro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también la salud de la democracia boliviana en su conjunto. La intervención del Órgano Judicial en las atribuciones del Congreso se percibe como un acto inconstitucional y se asemeja peligrosamente a un intento de cerrar la Asamblea. Esto socava la confianza en el sistema democrático y pone en riesgo la capacidad de los legisladores para representar adecuadamente a sus electores y ejercer su función de control sobre el ejecutivo.

Es fundamental que el gobierno boliviano respete la independencia de los poderes y permita que la Asamblea Legislativa Plurinacional realice su trabajo constitucional sin interferencia externa. La democracia depende de un equilibrio saludable entre los poderes, y cualquier intento de debilitar el poder legislativo es un paso en la dirección equivocada. La voz del pueblo boliviano merece ser escuchada y representada en el Congreso sin obstáculos ni interferencias indebidas.