Soberanía Tecnológica Postergada: De la Visión de Evo Morales al Estancamiento de Añez y Arce
febrero 12, 2026
La historia de la modernización del Estado en Bolivia no es solo una narrativa de cables y códigos, sino una de lucha política por la emancipación. Lo que nació como un proyecto ambicioso de Soberanía Tecnológica bajo la gestión de Evo Morales, destinado a desterrar la burocracia colonial y empoderar al ciudadano, se ha enfrentado en los últimos años a una doble tenaza: la interrupción violenta del proceso democrático en 2019 y la actual ineficiencia administrativa que muchos sectores califican como una traición al legado técnico-indígena.
La construcción de la Ciudadanía Digital en Bolivia no fue un acto fortuito. Fue la respuesta de un gobierno de base indígena a la necesidad de transparentar el Estado. La Ley N° 1080 de Ciudadanía Digital (11 de julio de 2018) marcó un hito al establecer que los ciudadanos podían interactuar con el Estado mediante medios digitales con plena validez jurídica, eliminando las filas y el «papeleo» que históricamente han humillado al pueblo.
Esta visión se sustentaba en pilares sólidos:
Evo Morales no solo veía tecnología; veía soberanía energética con plantas eólicas y solares, y soberanía administrativa con la Apostilla Digital, que facilitó la vida de miles de bolivianos en el exterior.
Tras el golpe de Estado de 2019, la administración de Jeanine Áñez inició una persecución sistemática contra las instituciones digitales. La AGETIC, vista como un bastión del pensamiento soberano, fue «satanizada» y desmantelada operativamente. El argumento del «fraude» sirvió de excusa para paralizar proyectos de digitalización que ya estaban listos para su implementación.
La Ciudadanía Digital fue postergada bajo una lógica de revanchismo político. Se detuvo la implementación de sistemas que habrían sido vitales durante la pandemia del COVID-19, obligando a la población a volver a la presencialidad peligrosa por la falta de voluntad política de continuar el camino trazado por la Ley 1080.
Lo que la población esperaba tras la recuperación de la democracia en 2020 era un reimpulso agresivo de estos proyectos. Sin embargo, la gestión de Luis Arce ha sido señalada por una parsimonia administrativa que raya en la traición al proyecto original.
A pesar de contar con herramientas como el Decreto Supremo N° 3900, que establece los lineamientos para la Ciudadanía Digital, los avances han sido lentos y fragmentados. Mientras la población presiona por una digitalización real para combatir la corrupción y la burocracia, el actual gobierno ha permitido que la interoperabilidad entre instituciones del Estado y universidades avance a paso de tortuga.
La firma digital, que debería ser hoy la norma para todo funcionario público y ciudadano —como ejemplo de eficiencia—, sigue siendo un privilegio de pocos o un trámite engorroso. La visión de un «indígena por la soberanía de su pueblo» que implementó tecnología para avanzar contra la casta burocrática parece haberse diluido en una administración más preocupada por la estética política que por la soberanía tecnológica real.
Hoy, la Apostilla Digital y ciertos trámites de interoperabilidad que aún sobreviven son fruto de esas bases sembradas antes de 2019. Si Bolivia ha avanzado algo en tecnología en los últimos años, no ha sido por iniciativa de los actuales administradores, sino por la presión de una población que ya conoció los beneficios de la modernidad soberana y se niega a volver al siglo XX.
La Ciudadanía Digital no es un favor del gobierno de turno; es un derecho conquistado por ley y una herramienta de liberación nacional. Postergarla es, en esencia, postergar la soberanía de Bolivia.
Para mayor referencia, consulte las normativas citadas:
