El gobierno boliviano, mediante el Decreto Supremo 5647, ha establecido un incremento mensual de hasta el 5% en las tarifas de luz, indexado al tipo de cambio del dólar estadounidense. Esta medida, que podría traducirse en un aumento cercano al 80% anual, también afecta a la gasolina, cuyos precios quedarán sujetos a las mismas variables. El artículo 3 del decreto permite superar ese límite en función del precio del gas natural, la inflación y el dólar oficial, lo que genera una dolarización encubierta de los servicios básicos.

Además, la resolución del Banco Central de Bolivia (BCP) transfiere a los empresarios privados el control del tipo de cambio, calculado en base a las compras de dólares realizadas por mineros, agroindustriales y auríferos. Estos sectores, que mantienen sus divisas en el exterior, se benefician de un boliviano débil para reducir sus deudas internas. Como resultado, el consumidor final asume el costo de una privatización del dólar que encarece la luz, la gasolina y otros bienes esenciales.