El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad concreta contra los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo 138, que establecían que La Paz sería el lugar donde se juzgarían los delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado.

Este recurso fue presentado por el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas Banegas, y el abogado José Luis Santistevan Justiniano, argumentando que estas disposiciones eran contrarias a la Constitución Política del Estado y vulneraban derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

La decisión del TCP revocó la resolución de un juez de La Paz respecto a la investigación del paro de 36 días de 2022 y paralizó el proceso penal, lo que implica que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es considerada “ilegal y arbitraria” por el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar.