El Gobierno de Luis Arce, hasta la fecha del 22 de noviembre de 2023, ha empleado tácticas sistemáticas de amedrentamiento y ataques policiales contra manifestantes, especialmente mujeres de pollera. Las fuerzas policiales, bajo órdenes gubernamentales de intervención y desarticulación, llevaron a cabo acciones que resultaron en heridas y gasificación de mujeres.
Las imágenes revelan una represión brutal, con la policía recibiendo instrucciones específicas de destruir símbolos del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Además, se observa la confiscación de carpas instaladas por los manifestantes en la plaza Avaroa.
Estos actos no solo representan una clara vulneración de los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, sino que también reflejan un enfoque gubernamental que parece desatender las voces y preocupaciones legítimas de la ciudadanía.
El uso excesivo de la fuerza y las tácticas de amedrentamiento solo profundizan las divisiones y la tensión en la sociedad boliviana. Hacemos un llamado a la transparencia, el respeto a los derechos fundamentales y a un diálogo inclusivo para abordar las preocupaciones de la población.
Instamos a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a seguir de cerca la situación en Bolivia y a abogar por un enfoque más respetuoso y equitativo por parte del Gobierno.
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