De forma apresurada, el presidente Arce Catacora ha firmado para la extracción directa de litio con una transnacional, en clara contradicción con el Artículo 158.12 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Este artículo establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar los contratos de interés público relacionados con recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.
Hoy, Bolivia se preocupa por la violación a la Constitución, mientras el presidente firma un nuevo trato para la extracción directa de litio, ignorando por completo al Órgano Legislativo y violando la constitución que otorga la autoridad para aprobar este tipo de contratos.
La sociedad está angustiada por estos acuerdos secretos que se cierran con transnacionales para la extracción de litio. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC han suscrito un convenio para la extracción directa de litio en el salar de Uyuni, Potosí, con una planta piloto que utiliza la tecnología EDL y una capacidad inicial de 2,500 toneladas al año de carbonato de litio.
Cabe recordar que el 14 de diciembre de 2023 se firmó otro acuerdo polémico con Uranium One, la transnacional rusa. Este «convenio confidencial» contempla la extracción de 14,000 toneladas de litio boliviano sin un contrato formal, a espaldas de la Asamblea Legislativa. Según el viceministro Alvaro Arnez, se extraerán inicialmente 1,000 toneladas en los primeros 10 meses, escalando hasta alcanzar las 14,000 toneladas en los primeros 2 años, todo sin la aprobación legislativa necesaria.
La constitución es clara: el Órgano Legislativo debe aprobar estos contratos de interés público, y el gobierno actual parece estar desafiando abiertamente esta disposición constitucional.
¿Bolivia en una encrucijada constitucional? La nación está atenta mientras la extracción de litio se convierte en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo.